En 2016, las autoridades chinas iniciaron una campaña reguladora para evitar un aumento excesivo de los precios inmobiliarios que en 2020 se tradujo en limitar el acceso a la financiación bancaria a las inmobiliarias que acumulen un pasivo excesivo, excedan ciertos niveles de apalancamiento o no dispongan de liquidez suficiente para hacer frente a las deudas a corto plazo. En 2015, las promotoras atravesaron meses de dificultades; el exceso de inventario les obligó a bajar sus precios.